Por Jing Feng y Nicole Acevedo - NBC News
Ambos candidatos presidenciales han prometido que construirán más viviendas: uno de ellos dice que deportará a cientos de miles de personas que pertenecen a la comunidad que las construye.
La promesa del expresidente Donald Trump de realizar “la mayor operación de deportación en la historia” de Estados Unidos perjudicaría a las empresas de construcción que ya sufren escasez de mano de obra, y haría subir los precios de las viviendas, según líderes de la industria, contratistas y economistas.
“Sería perjudicial para el sector de la construcción y para nuestra oferta de mano de obra, y agravaría nuestros problemas de asequibilidad de la vivienda”, afirmó Jim Tobin, director general de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, por sus siglas en inglés).
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La asociación considera que los trabajadores nacidos en el extranjero, independientemente de su situación legal, son “una fuente de mano de obra vital y flexible” para los constructores, y calcula que cubren el 30% de los puestos de trabajo en oficios como la carpintería, la albañilería y la electricidad.
Según los últimos datos federales, casi 11 millones de inmigrantes indocumentados vivían en Estados Unidos en 2022, frente a los 11.8 millones de 2007.
Se calcula que el sector de la construcción emplea a 1.5 millones de trabajadores indocumentados, el 13% de su mano de obra total, una proporción mayor que cualquier otro, según datos que el Pew Research Center facilitó a NBC News. Los expertos del sector afirman que sus tasas son más elevadas en los estados del Cinturón del Sol, como Florida y Texas, y más pronunciadas en la construcción residencial que en la comercial.
Para Brent Taylor, la construcción de viviendas ha sido “un sector muy, muy difícil en los últimos años, y parece que sólo va a empeorar”. Su empresa, con sede en Tampa e integrada por cinco personas, contrata a subcontratistas para que realicen toda la mano de obra, y si los empleados de esas empresas “van a mi obra porque trabajan para esa empresa, no sé si tienen estatus legal o no”, afirma.
La mano de obra ya es escasa, pues el sector de la construcción estadounidense aún necesita cubrir 370,000 puestos vacantes, según datos federales. Si los equipos de trabajo se reducen aun más, “sólo podré hacer 10 trabajos al año en vez de 20”, dijo Taylor. “O gano la mitad o subo los precios. ¿Y quién paga esto al final? El propietario”.
¿Podría Trump cumplir su promesa?
Trump no ha detallado cómo funcionaría su propuesta de involucrar “todo el Gobierno” en la expulsión de hasta 20 millones de personas —mucho más que la población indocumentada—, pero lo ha convertido en el eje central de su discurso sobre la vivienda.
El candidato republicano afirma que las deportaciones masivas liberarían viviendas para los ciudadanos estadounidenses y bajarían los precios, aunque pocos economistas están de acuerdo. La idea también ha suscitado escepticismo por motivos logísticos, y algunos analistas afirman que sus costos serían “astronómicos”.
Entre los constructores de viviendas también hay muchas dudas de que Trump pueda cumplir su promesa.
“No creen que vaya a suceder”, dijo sobre sus colegas en la industria Stan Marek, director ejecutivo de Marek Family of Companies, una firma de subcontratación especializada con sede en Texas. “Perderían a tanta gente que no podrían reunir una cuadrilla para construir una casa”.
Bryan Dunn, vicepresidente sénior de Big-D Construction, una importante empresa del suroeste con sede en Arizona, dijo que “la idea de que pudieran sacar a tanta gente” fuera del país era “casi risible”. La propuesta ha hecho que los profesionales del sector “traten de averiguar hasta qué punto esto se trata de alarmismo político”, afirmó.
Pero si bien Trump tiene un historial de ideas extravagantes sin que necesariamente las lleve a cabo —como la compra de Groenlandia—, sí adoptó políticas radicales que tuvieron un impacto, a pesar de las críticas y los litigios. Esto es especialmente cierto en inmigración, cuando su Administración desvió dinero del Pentágono para construir un muro fronterizo, prohibió los viajes desde varios países de mayoría musulmana y separó a niños inmigrantes de sus padres.
Trump ha insistido en su promesa de las deportaciones, utilizando a veces una retórica racista, como afirmar que miles de inmigrantes cometen asesinatos porque “lo llevan en los genes”. Este mes dijo que bandas de inmigrantes han “invadido y conquistado” ciudades como Aurora (Colorado), algo que las autoridades locales niegan, afirmando que necesitan ayuda federal pero que no quieren deportaciones masivas.
Aun así, encuestas recientes han detectado un amplio apoyo para expulsar a las personas que entraron ilegalmente a Estados Unidos.
“La deportación masiva de inmigrantes ilegales que propone el presidente Trump no sólo hará más seguras a nuestras comunidades, sino que evitará que los estadounidenses paguen el precio económico durante años”, dijo en un comunicado Taylor Rogers, portavoz del Comité Nacional Republicano para la campaña, en referencia al uso que hacen los indocumentados de los servicios sociales y otros programas federales financiados por los contribuyentes.
La secretaria de prensa de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado que los comentarios del expresidente sobre los “genes” se referían “claramente a los asesinos, no a los inmigrantes”.
“Los necesitamos”
Tobin afirmó que la NAHB está realmente preocupada por la propuesta de las deportaciones, pero está colaborando con ambas campañas. Ha hecho un llamado a los funcionarios electos para que “dejen construir”, instándolos a reajustar las reglas de zonificación y derribar otros obstáculos.
“La retórica sobre la inmigración está al rojo vivo”, dijo Tobin. “Tenemos que tener una conversación seria en este país sobre la política y la reforma migratoria, y no podemos retrasarla más”.
Marek, que desde hace tiempo aboga por más vías para que los indocumentados puedan trabajar legalmente en la construcción, dijo que las reformas llevan décadas de retraso. Como empleador, “hago todo lo que puedo para asegurarme de que todo el mundo tenga estatus legal”, dijo, a pesar de que el hambre de la industria por mano de obra barata ha creado una economía sumergida que, según él, a menudo explota a los trabajadores indocumentados de los que depende.
“Los necesitamos. Construyen nuestras casas desde hace 30 años”, afirmó. “Perder a los trabajadores devastaría nuestras empresas, nuestra industria y nuestra economía”.
Hay pruebas de que los trabajadores de la construcción nacidos en el extranjero ayudan a mantener el mercado de la vivienda. Un análisis publicado en diciembre de 2022 por el Instituto George W. Bush y la Universidad Metodista del Sur descubrió que las áreas metropolitanas de Estados Unidos con las poblaciones inmigrantes de más rápido crecimiento tenían los costos de construcción más bajos.
“Los trabajadores inmigrantes de la construcción en el Cinturón del Sol como Raleigh, Nashville, Houston y San Antonio han ayudado a estas ciudades a mantener su ventaja en el costo de la vivienda sobre las ciudades costeras a pesar del rápido crecimiento de la demanda de vivienda”, escribieron los autores.
Pero los constructores necesitan muchos más trabajadores. Ron Hetrick, economista laboral sénior de la firma de análisis sobre mano de obra Lightcast, afirma que “las matemáticas no dan” para soportar el golpe de posibles deportaciones masivas. “Eso sería increíblemente perturbador” y causaría “un golpe muy, muy significativo en la construcción de viviendas”, dijo.
Los empleadores privados del sector han ido añadiendo puestos de trabajo durante la última década, con niveles de empleo que ahora superan los 8 millones, más de un millón más desde la pandemia, según el procesador de nóminas ADP. Pero, como señaló Hetrick, “el estudiante promedio de secundaria no aspira a hacer este trabajo”, y la mano de obra existente está envejeciendo: el constructor de viviendas promedio tiene 57 años.
Según Hetrick, es probable que los trabajadores indocumentados huyan antes de cualquier medida nacional de deportación, a pesar de que muchos llevan en Estados Unidos más de una década. Espera que una política de este tipo desencadene también un éxodo de personas con autorización legal.
“Eso es exactamente lo que ocurrió en Florida”, dijo.
La experiencia de Florida
El año pasado, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, promulgó una serie de restricciones y sanciones para disuadir que se emplee a trabajadores indocumentados. Muchos inmigrantes se apresuraron a abandonar el estado incluso antes de que las políticas entraran en vigor, y circulan videos en las redes sociales que muestran algunas obras de construcción vacías.
“Estas leyes demuestran que no tienen ni idea de lo que hacemos”, dijo Luciano, un carpintero originario de México que ha trabajado en construcciones residenciales en todo el sur de Florida durante la última década.
“Nadie más trabajaría en las condiciones en las que trabajamos nosotros”, dijo en español este hombre de 40 años, que pidió ser identificado por su nombre de pila porque carece de estatus legal, a pesar de vivir en Estados Unidos desde hace más de 20 años. Los trabajadores en las obras “tienen hora de entrada pero no de salida”, y a menudo trabajan 70 horas semanales bajo la lluvia y el calor extremo, dijo.
El representante estatal republicano Rick Roth, que votó a favor de la medida contra el empleo de indocumentados, admitió más tarde que Florida no estaba preparada para la desestabilización que esta causaría e instó a los residentes inmigrantes a no huir, diciendo que la ley “no es tan mala como han oído”.
Algunos trabajadores regresaron al estado, tras darse cuenta de que las políticas no se aplicaban con rigor, dijo Taylor: “Sin duda, ahora las cosas son más normales”.
La oficina de DeSantis no respondió a una solicitud de comentarios.
Cuando Arizona promulgó en 2010 lo que entonces eran algunas de las restricciones de inmigración más duras del país, Dunn trabajaba en Tempe como ejecutivo en una empresa de gestión de la construcción. Dijo que, cuando la legislación se puso implementó, “un montón de gente se fue del estado, y simplemente nunca regresó”.