Por Maya Rosenberg — NBC News
Cuando Estados Unidos se adentre en el año 2026, una serie de nuevas leyes estatales alrededor del país entrarán en vigor. Algunas regulan el uso de la inteligencia artificial, otras significan cambios para la atención sanitaria, los comicios electorales, los permisos laborales remunerados por cuestiones médicas y familiares y el costo de los seguros de salud.
Algunos estados buscan mitigar el impacto del aumento de las primas de salud, ya que los subsidios fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) expiran después de que el Congreso no los prorrogara. Y meses antes de las elecciones de mitad de mandato del próximo año, entrarán en vigor una serie de leyes electorales más restrictivas.
Estas son algunas de las leyes que cambiarán el país en 2026:

‘Deepfakes’ en las elecciones y uso indebido de la inteligencia artificial en la atención médica
En 38 estados se aprobaron leyes este año para hacer frente al desarrollo astronómico de la inteligencia artificial, incluyendo temas como la prevención del uso indebido de la IA en las elecciones y la regulación de la forma en que la tecnología difunde información médica, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
La IA seguirá siendo una cuestión prioritaria para los estados, a pesar de la orden ejecutiva firmada en diciembre por el presidente, Donald Trump, que busca limitar las regulaciones estatales sobre este asunto, dijo el director ejecutivo del grupo, Tim Storey.
Trump emitió su orden después de que el Congreso no lograra aprobar una legislación al respecto durante el año. Como resultado, carece de la solidez que una ley proporcionaría para frenar las acciones a nivel estatal, dado que el Congreso tiene la facultad exclusiva de prevalecer sobre las leyes estatales, según la Constitución.
“Los estados han tomado la iniciativa, como han hecho en tantas otras cuestiones”, afirmó Storey en una reciente rueda de prensa. “La IA es una de las más importantes”.

En ausencia de una legislación federal, varios estados han tomado medidas, entre otras cosas sobre las cuestiones de los llamados deepfakes en las elecciones y la IA como recurso médico.
California aprobó una ley que prohíbe a los desarrolladores y empresas de IA dar a los pacientes la impresión de que están interactuando con profesionales sanitarios certificados cuando en realidad están hablando con chatbots. Oregon promulgó una ley similar que impide a los programas de IA utilizar el título de “enfermero” cuando dan consejos médicos.
Montana y Dakota del Sur aprobaron este año leyes que exigen revelar el uso de deepfakes en las elecciones, medidas que podrían entrar en juego durante los comicios de mitad de mandato del próximo año.
Los deepfakes, que son imágenes, videos o audios alterados digitalmente para crear representaciones falsas de las declaraciones o acciones de las personas, se han utilizado para causar confusión en las elecciones estatales y nacionales.
Durante las elecciones presidenciales de 2024, por ejemplo, NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo, informó que un operador político utilizó la inteligencia artificial para generar una llamada en la que se hacía pasar por el entonces presidente Joe Biden y decía a los demócratas de New Hampshire que no votaran en las primarias.
El Congreso aún no ha aprobado una ley que prohíba los contenidos deepfake que puedan confundir o sugestionar a los votantes durante las elecciones.

Permisos familiares y médicos remunerados
Maine, Delaware y Minnesota pondrán en marcha en 2026 políticas de permisos familiares y médicos remunerados, sumándose así a otros estados que ya ofrecen estos beneficios.
Maryland, Vermont y Washington también han aprobado leyes que amplían o modifican las políticas existentes en materia de permisos familiares remunerados, y los cambios en este último estado entrarán en vigor el próximo año.
Los permisos familiares y médicos remunerados permiten a los empleados recibir su salario cuando se ausentan del trabajo por motivos médicos, dan a luz o cuidan de familiares.
La senadora por Minnesota Alice Mann, doctora y miembro del Partido Demócrata-Agrario-Laborista del estado, patrocinó el proyecto de ley. Afirmó que ver a sus pacientes tener que elegir entre cuidar de sí mismos o de sus seres queridos y perder su sueldo la empujó a respaldar la legislación.
“Todos los días veo a personas que pasan trabajo. La gente se ve obligada a elegir entre cuidar de sí misma, de sus familiares, de su nuevo bebé y dejar de recibir un sueldo”, aseguró Mann. “Y esa no es una opción a la que se enfrente el resto del mundo”.
Aunque la ley federal ofrece hasta 12 semanas de protección laboral sin sueldo a las personas que necesitan una baja médica o para cuidar de un familiar, Estados Unidos es la única economía desarrollada que no cuenta con bajas parentales o médicas remuneradas. También es uno de los únicos países que no ofrece bajas por enfermedad remuneradas a nivel nacional.
Mann añadió que, aunque la legislación de Minnesota se aprobó en 2023, se necesitó tiempo antes de su implementación para que la gente supiera realmente que existía el proyecto de ley y entendiera cómo funciona. Eso supuso una campaña de información pública de 5 millones de dólares para educar a “los empleadores y los grupos comunitarios sobre qué es esta política, qué hace y cómo se participa en ella”.
Las políticas de Delaware y Maine, aprobadas en 2022 y 2023, respectivamente, también entrarán en vigor el próximo año.
“Es una política muy popular, una vez más, porque todos somos seres humanos, por el amor de Dios, y si no fuera popular, no seríamos el único país que no la tiene, ¿verdad?”, precisó Mann. “Es sostenible. Es algo que todos usamos. Por eso espero, y confío en que así sea, que otros estados lo vean, se den cuenta y den pasos para implementar sus propias políticas”.

Expiración de los subsidios de Obamacare
Los 50 estados se enfrentarán a un aumento de los costos de la atención médica a partir de enero, después de que el Congreso no lograra aprobar una ley para prorrogar los subsidios a las primas de Obamacare antes de que finalizara el año.
En una sesión especial celebrada en agosto, Colorado se convirtió en uno de los pocos estados en promulgar una ley destinada a suavizar el impacto del aumento de las primas, dedicando 100 millones de dólares a compensar los incrementos en el mercado de seguros médicos.
El representante demócrata por el estado Kyle Brown, que patrocinó el proyecto de ley, aseguró que los 100 millones de dólares servirán como “puente” para 2026, garantizando que Colorado disponga de fondos para mantener parte de las subvenciones de su mercado de seguros médicos y “amortiguar el impacto” de la expiración de las subvenciones federales.
“Antes de que aprobáramos el proyecto de ley, se esperaba que las primas de la gente aumentaran en promedio un 175% en Colorado. Aprobamos el proyecto de ley y ahora solo subirán un 100%”, explicó Brown. “Lo cual sigue siendo como decir: ‘Sí, en lugar de triplicarse, se duplican’. Pero podría haber sido peor”.

Según KFF, un grupo de investigación sobre políticas sanitarias, es probable que los pagos de las primas de ACA se dupliquen con creces debido a la expiración de los subsidios. En Colorado, las primas de unas 225,000 personas aumentarán, en promedio, un 101%, de acuerdo con la División de Seguros del estado.
Brown indicó que esperaba que el Congreso ampliara los subsidios de Obamacare, pero que se dio cuenta de que los fondos no iban a llegar después de ver cómo el Gobierno de Estados Unidos cerró durante seis semanas el otoño pasado —el cierre federal más largo de la historia del país— debido al estancamiento de los legisladores demócratas y republicanos sobre el tema. Se espera que el aumento de los precios de la atención médica y el alto costo de vida en general sean temas prioritarios en las elecciones de mitad de mandato de 2026.
“Da la sensación de que los estados están solos. Ya no contamos con un socio dispuesto a colaborar en el Gobierno federal, por lo que tenemos que hacer todo lo posible para cuidar de nuestra gente y hacer que la atención médica sea lo más asequible y accesible posible”, dijo Brown.
Leyes electorales más estrictas
El año pasado, 20 estados aprobaron 37 proyectos de ley para restringir el acceso al voto y las elecciones, informó Voting Rights Lab, una organización sin fines de lucro que realiza un seguimiento de la legislación relacionada con el voto y las elecciones y cuyo objetivo es ampliar el acceso a las urnas. Es la cifra más alta desde 2021, explicó el organismo.
Por otra parte, 23 estados aprobaron 51 proyectos de ley destinados a mejorar el voto y las elecciones, añadió el grupo, que afirmó que se trata del número más bajo de medidas de este tipo desde que comenzó a realizar un seguimiento de la legislación estatal.
Kansas y Dakota del Norte eliminaron los periodos de gracia para las boletas enviadas por correo con matasellos anterior al día de las elecciones pero que llegaron después, y ocho estados aprobaron leyes para restringir o eliminar las alternativas al documento de identidad con fotografía como prueba de registro de votante, añadió Voting Rights Lab.

Muchos de los estados que aprobaron estas leyes podrían haber sido influenciados por la orden ejecutiva de Trump en marzo, que impulsó amplios cambios en la forma en que Estados Unidos lleva a cabo sus elecciones, aseguró Chris Vásquez, director de seguimiento legislativo del Laboratorio de Derechos Electorales.
“Creo que el eje central de la historia del año es, en cierto modo, la orden ejecutiva que Trump emitió en marzo”, precisó Vásquez.
La orden tenía por objeto exigir que las personas presentaran una prueba de ciudadanía al inscribirse para votar y que las boletas por correo se enviaran antes del día de las elecciones. Aunque el requisito de la prueba de ciudadanía fue bloqueado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington por considerarse una extralimitación del poder ejecutivo, algunos estados han aprobado leyes que reflejan otras políticas de la orden ejecutiva.
“Este año, 27 estados han introducido algún tipo de legislación restrictiva sobre la prueba de ciudadanía, lo que triplica la cifra de la sesión legislativa anterior”, dijo Vásquez. “En su mayor parte, no ha tenido éxito. Pero luego, donde sí se ha visto algo más de actividad es en lo que respecta a la fecha límite para el voto por correo”.
En 2026, apuntó, Vásquez estará atento a la redistribución de distritos estatales y a un caso relacionado en la Corte Suprema que podría limitar el alcance de la Ley de Derechos Electorales como presagio de lo que podría desarrollarse a nivel estatal, incluidos los esfuerzos para proteger contra nuevas restricciones al voto.
“Creo que, especialmente teniendo en cuenta que la Corte Suprema podría restringir realmente la capacidad de los demandantes para presentar demandas relacionadas con la Ley del Derecho al Voto en los tribunales federales, estas leyes estatales sobre el derecho al voto son esencialmente algo a lo que hay que prestar atención en la lucha contra las leyes que podrían suprimirlo”, detalló.
