Por Melissa Goldin — The Associated Press
Varios usuarios en redes sociales han afirmado falsamente que la enorme ley fiscal y migratoria firmada el pasado 4 de julio por el presidente, Donald Trump, le otorgará una influencia indebida sobre las elecciones.
“La razón por la que al Partido Republicano no le preocupan las elecciones intermedias y por la que impulsan este proyecto de ley es porque le otorga a Trump el poder de cancelar elecciones”, se lee en una publicación de la red social X. “Si este proyecto de ley se aprueba, será el fin del país, se acabó la democracia”, agrega.
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Eso es falso. No hay nada en la legislación que permita a Trump, ni a ningún presidente futuro, impedir la celebración de unas elecciones. Según expertos legales, se necesitaría aprobar una enmienda constitucional para poder cancelar una elección federal. Las fechas de esos comicios están estipuladas en la ley y es muy poco probable que el Congreso apruebe una norma que permita al presidente cambiar esas disposiciones, explicaron.
“Aunque al presidente le gustaría cancelar o posponer una elección próxima si pensara que a su partido le irá mal, la ley One Big Beautiful Bill en realidad no le otorga ese poder”, dijo Barry Burden, director del Centro de Investigación Electoral de la Universidad de Wisconsin y profesor de ciencias políticas.
Una portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, calificó las afirmaciones falsas como “noticias obviamente falsas”.

Burden y otros expertos coinciden en que estas acusaciones podrían deberse a una interpretación errónea de una sección de la ley incluida durante su tramitación en la Cámara de Representantes (con mayoría republicana) y eliminada después en el Senado (también de mayoría conservadora) al considerarse que violaba la llamada Regla Byrd, que prohíbe la inclusión de temas políticas en los proyectos de ley presupuestarios.
La Sección 70302 sí podría haber facilitado a Trump dificultar las sentencias judiciales en su contra, al exigir a quienes buscaran medidas cautelares u órdenes temporales que presentaran antes una garantía económica, como una fianza millonaria en efectivo.
En cualquier caso, dicha disposición no habría permitido a Trump retrasar o cancelar las elecciones, aunque lo intentara.
"Si Trump anunciara que cancela las elecciones, eso tendría tanto poder como si yo anunciara que cancelo las elecciones", dijo Justin Levitt, profesor de la Universidad Loyola Marymount, especializado en derecho constitucional y derecho democrático.
Al preguntársele si la Sección 70302 le habría otorgado a Trump la facultad de decidir si se celebran elecciones, Richard Pildes, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Nueva York, respondió: "Obviamente no".

La Constitución otorga a las legislaturas estatales la facultad de fijar la fecha de las elecciones, sujetas a cualquier ley federal que "cree o modifique dichas regulaciones".
El Congreso estableció las fechas estándar para las elecciones federales mediante una serie de leyes a partir de 1845. Ese año se determinó que los estados elegirían a sus electores presidenciales "el martes siguiente al primer lunes de noviembre". La elección presidencial se ha celebrado cada cuatro años en este día desde 1848, incluso durante la Guerra de Secesión, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. El Congreso alineó las elecciones de la Cámara de Representantes con las presidenciales en 1872 y, en 1914, la elección de senadores con las elecciones bienales de la Cámara.
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La Constitución establece que el mandato del presidente y vicepresidente es de cuatro años, el de los senadores de seis años y el de los representantes de dos años. A menos que sean reelegidos, no existe ningún mecanismo para que estos oficiales permanezcan en el cargo una vez finalizado su mandato. Solo una enmienda constitucional podría cambiar esto.
Algunos estados tienen una disposición que permite que la votación en las elecciones federales continúe después del día de las elecciones en circunstancias "extraordinarias y catastróficas", como un desastre natural. No hay otra manera de retrasar unas elecciones federales.
Levitt explicó que, en teoría, el Congreso podría aprobar una ley que otorgue al presidente la facultad de decidir cuándo se celebran las elecciones federales, pero que tal escenario es "extremadamente improbable".
