Por Mark Sherman - The Associated Press
La mayoría de la Corte Suprema se mostró escéptica este miércoles de bloquear la prohibición de una ley de Tennessee que prohíbe a los menores recibir atención médica de afirmación de género.
La decisión de los jueces, que no se espera hasta dentro de varios meses, podría afectar leyes similares promulgadas por otros 25 estados y toda una serie de iniciativas para regular la vida de las personas trans, incluidas las competiciones deportivas a las que pueden apuntarse y los baños que pueden utilizar.
El caso llega a un tribunal dominado por los conservadores tras unas elecciones presidenciales en las que el ahora presidente electo, Donald Trump, y sus aliados prometieron hacer retroceder las protecciones para las personas transgénero.
En los argumentos que superaron las dos horas, cinco jueces conservadores expresaron diversos grados de escepticismo sobre los argumentos presentados por el Gobierno de Biden y los abogados de las familias de Tennessee que desafían la prohibición.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que votó por mayoría en un caso de 2020 a favor de los derechos de los transexuales, cuestionó que los jueces, en lugar de los legisladores, debieran intervenir en una cuestión de regulación de procedimientos médicos, un ámbito que normalmente se deja en manos de los estados.
“La Constitución deja esa cuestión en manos de los representantes del pueblo, y no de nueve personas, ninguna de las cuales es médico”, indicó Roberts en un intercambio con el abogado de la ACLU Chase Strangio.
Los tres jueces liberales del alto tribunal parecen firmemente del lado de los demandantes. Pero no está claro que ninguno de los seis conservadores del tribunal vaya a estar de acuerdo. El juez Neil Gorsuch, autor de la opinión mayoritaria en 2020, aún no se ha pronunciado.
Hubo mítines afuera de la corte en las horas previas a los argumentos. Discursos y música llenaron el aire en la acera bajo los escalones de mármol del tribunal. Los defensores de la prohibición portaban pancartas como “defendamos el diseño de Dios” y “la salud de los niños importa”, mientras que el otro bando proclamaba “luchemos como madres por los derechos de los transexuales” y “libertad para ser nosotros mismos”.
Hace cuatro años, el alto tribunal falló a favor de Aimee Stephens, despedida por una funeraria de Michigan tras informar a su propietario de que era una mujer transgénero. La Corte sostuvo que las personas transexuales, al igual que los gays y las lesbianas, están protegidas por una ley federal de derechos civiles histórica que prohíbe la discriminación por razón de sexo en el lugar de trabajo.
El Gobierno de Biden y las familias y proveedores de atención sanitaria que impugnaron la ley de Tennessee instan a los jueces a que apliquen el mismo tipo de análisis que la mayoría, compuesta por jueces liberales y conservadores, adoptó en el caso de hace cuatro años, cuando consideró que “el sexo desempeña un papel inequívoco” en las decisiones de los empleadores de castigar a las personas transexuales por rasgos y comportamientos que de otro modo tolerarían.
La cuestión en el caso de Tennessee es si la ley viola la cláusula de igualdad de protección de la 14ª Enmienda, que exige que el Gobierno trate por igual a las personas en situación similar.
La ley de Tennessee prohíbe los bloqueadores de la pubertad y los tratamientos hormonales a los menores transexuales, pero no “en general”, según escriben los abogados de las familias en su escrito a la Corte Suprema. El abogado principal, Chase Strangio, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), es la primera persona abiertamente transexual que argumenta ante los jueces.
La Administración argumenta que no hay forma de determinar si “los tratamientos deben denegarse a un menor en particular” sin tener en cuenta su sexo.
“Eso es discriminación sexual”, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar en su escrito principal ante el tribunal.
El Estado reconoce que los mismos tratamientos prohibidos a los menores transexuales pueden prescribirse por otros motivos. Pero rechaza la afirmación de que discrimina por razón de sexo. En su lugar, afirma que los legisladores actuaron para proteger a los menores de los riesgos de “los procedimientos de transición de género que alteran la vida”.
La ley “traza una línea divisoria entre los menores que buscan fármacos para la transición de género y los menores que buscan fármacos para otros fines médicos. Y los niños y las niñas se encuentran a ambos lados de esa línea”, escribió el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, en el escrito presentado por el estado ante la Corte Suprema.
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Mientras que los impugnadores invocan la sentencia de 2020 en el caso Bostock contra el condado de Clayton como apoyo, Tennessee se basa en la decisión Dobbs del tribunal en 2022, que sentó un precedente y puso fin a la protección del aborto en todo el país y devolvió la cuestión a los estados.
Las dos partes se enfrentaron en sus presentaciones legales sobre el nivel apropiado de escrutinio que la corte debe aplicar. Es más que un ejercicio académico.
El nivel más bajo se conoce como examen de base racional, y casi todas las leyes que se examinan de este modo acaban siendo confirmadas. De hecho, el tribunal federal de apelaciones de Cincinnati que permitió la aplicación de la ley sostuvo que los legisladores actuaron racionalmente para regular los procedimientos médicos, dentro de sus competencias.
El tribunal de apelaciones revocó la decisión de uno de primera instancia que había empleado un nivel de revisión superior, el escrutinio intensificado, que se aplica en los casos de discriminación por razón de sexo. En este examen más minucioso, el Estado debe identificar un objetivo importante y demostrar que la ley contribuye a alcanzarlo.
Si los jueces optan por el escrutinio reforzado, podrían devolver el caso al tribunal de apelaciones para que lo aplique.
Todas las grandes organizaciones médicas, como la Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, apoyan la atención a los jóvenes que afirman su género.
Pero Tennessee señala a las autoridades sanitarias de Suecia, Finlandia, Noruega y el Reino Unido, que han descubierto que los tratamientos médicos “plantean riesgos significativos con beneficios no demostrados”.
Ninguno de esos países ha adoptado una prohibición similar a la de Tennessee y las personas aún pueden obtener tratamiento, escribió Prelogar en respuesta.
La familia Williams, de Nashville,Tennessee, es una de las que impugnan la ley estatal. Brian Williams afirmó que, como resultado de los bloqueadores de la pubertad y los tratamientos hormonales, su hija transexual, L.W., es una “chica de 16 años que planea su futuro, hace su propia música y busca universidades”.
Pero debido a la prohibición de Tennessee, tiene que viajar a otro estado para recibir la atención sanitaria que “nosotros y sus médicos sabemos que es adecuada para ella”.