Por Lawrence Hurley - NBC News
La Corte Suprema dio indicios este martes de que respaldará una demanda contra una ley estatal de Colorado que busca prohibir las llamadas "terapias de conversión", prácticas polémicas que pretenden supuestamente cambiar la orientación sexual o identidad de género de personas menores de edad.
Lo que determine el tribunal respecto a esta medida de Colorado muy probablemente tendrá implicaciones nacionales.
Si la corte, de mayoría conservadora, falla en contra de Colorado eso afectaría a más de 20 otros estados del país que tienen prohibiciones similares contra estas presuntas "terapias", y pudiera desatar más debates sobre otras regulaciones sanitarias a nivel estatal relacionadas a las comunidades LGBTQ+ (gente lesbiana, gay, bisexual, trans o queer).
La demanda contra la ley de Colorado fue presentada por Kaley Chiles, una terapeuta cristiana que alega que el bloqueo estatal de 2019 supuestamente contraviene sus derechos de libertad de expresión garantizados por la Primera Enmienda.
Las "terapias" de conversión son favorecidas por grupos religiosos conservadores para buscar que personas jóvenes y adolescentes que se identifican como LGBTQ+ pongan en tela de duda su orientación sexual o si se identifican como de un género distinto al asignado al nacer.
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Chiles alega que este tipo de prácticas son "expresiones clave para ayudar a la gente joven a entenderse mejor a sí misma". Por su parte, el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, dijo que un fallo en contra de la ley de su estado no solamente pondría en riesgo las prohibiciones de "terapias de conversión" sino las regulaciones contra otros tratamientos médicos de diferentes tipos que especialistas dicen no son eficaces o son peligrosos.
El Gobierno de Donald Trump se ha sumado al caso, pues presentó un documento legal ante la Corte Suprema argumentando que debe determinar que la ley de Colorado sí afecta la libre expresión. La Administración Trump también dijo en el documento que no cree que fallar a favor de Chiles pueda afectar regulaciones de otros temas médicos.
La cuestión ante la Corte Suprema es si las prohibiciones estatales a estas prácticas de "conversión" pueden considerarse como vetos a la libertad de expresión, según argumenta Chiles, o si deben considerarse regulaciones sobre cómo deben proceder proveedores de cuidados de salud, según argumenta Colorado.
Con base en varias de las preguntas hechas por los magistrados en la audiencia de este martes se puede inferir que una mayoría de los jueces pudieran concluir que Colorado quiere regular cómo se pueden expresar las personas.
Por ejemplo, el magistrado conservador Samuel Alito dijo que le "parece una discriminación clara contra los puntos de vista" de alguien el que, al bloquear las supuestas terapias de conversión, se distinga entre expresiones que favorecen que la gente adolescente pueda determinar su identidad de género o actuar según su orientación sexual, y entre expresiones a favor de que la gente joven se cuestione estos temas.
De las tres juezas liberales, Ketanji Brown Jackson fue la que más pareció respaldar los argumentos de Colorado. Dijo que este mismo año la Corte Suprema falló a favor de leyes estatales como una de Texas que prohíben que personas menores de edad reciban tratamientos de adecuación de identidad de género. Brown Jackson dijo que no entiende por qué el tribunal dejaría que unos estados respalden estas prohibiciones y otros estados no puedan tener vetos de otro tipo.
"Me parece muy extraño que en esta ocasión el resultado vaya a terminar distinto", dijo la magistrada.
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En varios casos de la última década, la Corte Suprema ha respaldado los derechos de personas LGBTQ+, como en 2015 cuando avaló el matrimonio igualitario o en 2020 cuando determinó que una ley antidiscriminación laboral aplica también para personas gay y trans.
Pero en otros casos la corte ha defendido argumentos sobre libertad de expresión y libertad religiosa si se considera que son contravenidos por leyes que buscan proteger a la comunidad LGBTQ+. Por ejemplo, este año el máximo tribunal respaldó una demanda con bases religiosas contra un distrito escolar de Maryland porque las autoridades escolares promovían tener en bibliotecas de primaria libros diversos, como algunos que reconocieran a niños cuyos padres son pareja del mismo sexo.