El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció las cárceles de su país —que han sido señaladas por los tratos inhumanos que reciben sus presos— para alojar a inmigrantes de cualquier nacionalidad deportados por Estados Unidos, así como a criminales estadounidenses violentos, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, después de una larga reunión con Bukele el lunes.
Bukele “ha accedido al acuerdo migratorio más extraordinario en cualquier parte del mundo”, dijo Rubio. “También se ha ofrecido a hacer lo mismo con los criminales peligrosos actualmente bajo custodia y cumpliendo su condena en Estados Unidos, aunque sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales”, agregó.
Pero hay un detalle significativo que Rubio no dijo en la conferencia de prensa que ofreció en San Salvador: Estados Unidos no puede deportar a sus ciudadanos, aunque hayan cometido delitos graves. Si la Administración Trump intentara hacerlo se enfrentaría a múltiples demandas y obstáculos legales, según explicaron a Noticias Telemundo expertos y abogados de inmigración.
“Un ciudadano norteamericano nacido en Estados Unidos no puede ser deportado o expulsado porque está protegido por la Enmienda 14 de la Constitución", explicó la abogada de inmigración, Claudia Bernal, con oficina en la ciudad de Nueva York.
La enmienda, aprobada por el Senado en junio de 1866, concedió la ciudadanía a todas las personas “nacidas o naturalizadas en Estados Unidos”, incluidos quienes habían sido esclavizados y a sus hijos, y proporcionó a todos los ciudadanos “igual protección ante las leyes”.
La Constitución de Estados Unidos garantiza que el Gobierno no puede despojar a alguien de su ciudadanía contra su voluntad, excepto en circunstancias muy limitadas, como fraude en el proceso de naturalización, en caso de las personas nacidas en el extranjero que obtuvieron la ciudadanía por esa vía.
“Otro ejemplo son los casos de personas que cometen delitos extremadamente serios, usualmente tienen que ver con terrorismo o ataques directos a la soberanía y a la seguridad de Estados Unidos. O quienes se declaran abiertamente enemigos de Estados Unidos. Estas personas sí pueden ser desnaturalizadas y deportadas”, explicó Bernal.
Pero incluso estos casos solo aplican a los ciudadanos naturalizados, y no a aquellos nacidos en Estados Unidos, explicó Bernal.
Todos los demás ciudadanos, naturalizados o nacidos en suelo estadounidense, no podrían ser removidos del país contra su voluntad, según las protecciones constitucionales. "A menos que un ciudadano americano dé su consentimiento, yo creo que no sería legal removerlo del país en contra de su voluntad y llevarlo a servir sentencia en un país extranjero", dijo a Noticias Telemundo el abogado constitucional Joseph Malouf.
Consultado sobre la ilegalidad de que Estados Unidos intente deportar a sus propios ciudadanos, Rubio insistió en que la Administración Trump analizará la oferta de subcontratar las prisiones salvadoreñas para alojar a algunos de sus prisioneros a un costo económico mucho menor de lo que cuesta tenerlos en cárceles estadounidenses.
“Obviamente tendremos que estudiarla (la oferta de Bukele), hay cuestiones legales, la Constitución [...], pero es una oferta muy generosa, nadie ha hecho nunca una oferta así”, aseguró Rubio en una rueda de prensa durante su visita a Costa Rica. “La subcontratación [del encarcelamiento ] a una fracción del costo [en Estados Unidos] de algunos de los criminales más peligrosos en el país (...) es una oferta increíble”, agregó.
“Tendremos que tomar una decisión”, explicó. "(Bukele) hizo una oferta, la comunicamos al público (...) y tenemos que estudiar si se puede hacer realidad”, dijo Rubio.
En Estados Unidos, el costo anual de tener un recluso en prisión va desde los 46,000 dólares para seguridad mínima (151 dólares diarios) hasta 50,000 dólares (164 dólares diarios) para aquellos máxima seguridad y 52,000 dólares (170 dólares) en otros centros de detención según datos del 2022 de la Oficina Federal de Prisiones (FBOP). En El Salvador esos datos no están disponibles, pero en 2019, el entonces director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, estimó que cada prisionero le costaba al país unos 4.35 dólares al día. En 2023, la prensa local informó que los familiares de los presos encarcelados en la megacárcel construida por Nayib Bukele para detener a miles de pandilleros deben pagar 170 dólares al mes por la comida, ropa y artículos de aseo personal de cada recluso.
El acuerdo al que llegaron El Salvador y Estados Unidos, denominado Tercer País Seguro, le permitiría a la Administración Trump deportar a inmigrantes indocumentados no salvadoreños que no sean aceptados en sus países de origen.
Una de las preocupaciones de expertos legales y defensores de los derechos humanos sobre trasladar a inmigrantes deportados y ciudadanos estadounidenses —algo de por sí prohibido— a El Salvador, son las violaciones de derechos, maltratos, abusos y hacinamiento que viven los presos en las cárceles salvadoreñas, según ha denunciado organizaciones como Amnistía Internacional.
“Recordémonos la Constitución. La 8ª Enmienda en particular dice que el Gobierno no puede hacer nada para crear un castigo que sea cruel o inhumano. Hemos visto como El Salvador ha tratado a varias personas y yo creo que el argumento se podría prestar a que el tratamiento que podrían recibir en esta prisión no estuviese dentro de lo que Estados Unidos limita con la Constitución”, dijo el abogado Joseph Malouf.
Abusos y violaciones a los Derechos Humanos en las cárceles salvadoreñas
El Gobierno salvadoreño instauró un régimen de excepción desde marzo de 2022, una medida que otorga a las autoridades la facultad de detener a cualquier sospechoso de actividades delictivas y suspende varios derechos constitucionales, incluidas las protecciones normales del procedimiento penal como el derecho a un juicio rápido o justo.
La medida fue decretada por un repunte de la violencia de las organizaciones delictivas que dejó, en un solo día de ese mes, 62 homicidios, en la que fue la jornada más violenta desde junio de 2019, cuando Nayib Bukele asumió la presidencia del país. En diciembre pasado se cumplieron 1,000 días del régimen que, aunque ha disminuido considerablemente los delitos, ha sido denunciado en múltiples oportunidades por los mecanismos represivos que se han implementado.
“Detener a personas sin pruebas y enjuiciarlas de forma masiva no es justicia; tampoco es una solución efectiva y sostenible a los retos históricos en materia de seguridad, más bien, es un abuso que ignora la dignidad humana”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un informe reciente.
Hasta diciembre de 2024, organizaciones como Amnistía Internacional, movimientos de víctimas, y reportes de medios registraron 327 casos de desapariciones forzadas, más de 83,000 detenciones arbitrarias, con un total de aproximadamente 102,000 personas privadas de libertad en el país, y al menos 235 muertes bajo custodia estatal.
“Se ha documentado que de los cientos de personas que, a pesar de no tener ninguna prueba de su aparente relación con grupos delincuenciales han estado meses y años en prisión, ya se han elevado a 350 el número de personas que han sido asesinadas o que han muerto por falta de atención médica y alimentación adecuada dentro de las cárceles”, afirma en una entrevista con Noticias Telemundo Celia Medrano, consultora en temas de Derechos Humanos en El Salvador.
La situación de precariedad y abusos de los derechos humanos que experimentan los reclusos en centros penitenciarios salvadoreños también ha sido reportada por diversas organizaciones.
En una alerta de viaje emitida en noviembre pasado, el Departamento de Estado advertía a los ciudadanos estadounidenses que decenas de miles de personas están recluidas en prisiones salvadoreñas y que las personas encarceladas en virtud del Estado de Excepción no tienen acceso al debido proceso. “Varios ciudadanos estadounidenses y extranjeros han sido detenidos en virtud del Estado de Excepción, permanecen en prisión y aún no han sido juzgados. Las condiciones penitenciarias son duras”, afirman las autoridades estadounidenses en el documento.
Además, en 2021 el actual viceministro de Justicia y director de Centros Penales de El Salvador, Osiris Luna, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por participar en negociaciones con las pandillas MS13 y Barrio 18, “para reducir los homicidios y obtener apoyo para el partido oficialista Nuevas Ideas”, según un comunicado de la agencia estadounidense.
En un informe de 2023, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana afirmaba que para ese año la población penitenciaria ascendía a 104,747 personas privadas de libertad (PPL), lo que totalizaba una tasa de 1,652.45 PPL por cada 100,000 habitantes, aproximadamente. Con esas cifras, El Salvador se ubica como el país con la mayor tasa de personas privadas de libertad en el mundo, con el 1.65% de su población en prisión.
Quizá una de las características más resaltantes del sistema penitenciario salvadoreño es el hacinamiento. Para 2023, según datos recabados por el OUDH, el hacinamiento en los centros penitenciarios del país fue del 241.37%.
“La comida que se da es muy mínima, y muchas veces está en estado de descomposición. No se brinda agua suficiente para beber y asearse, y las condiciones de hacinamiento son muy graves, por eso se muere mucha gente”, explica Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, organización sin fines de lucro que se centra en la prevención de la violencia.
Aunque diversos expertos señalan que no hay precedentes para la propuesta de Bukele de custodiar a presos extranjeros en El Salvador, Medrano afirma que en los años noventa el país experimentó la influencia de presos provenientes de Estados Unidos en las organizaciones delictivas.
“En esa época, Estados Unidos deportó a salvadoreños migrantes que pertenecían a grupos pandilleriles, y eso fue determinante para que lograran consolidarse, crecer y poder formarse como grupo de crimen organizado de alto nivel en El Salvador, lo que costó vidas y ha costado cientos de hechos de violencia en el país”, asevera Medrano.
¿Qué es el CECOT, la cárcel de máxima seguridad de Bukele?
El lunes, Bukele especificó en un mensaje publicado en la red social X, que le había propuesto al Gobierno estadounidense “externalizar partes de su sistema penitenciario”.
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“Estamos dispuestos a aceptar sólo a criminales presos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra megaprisión (CECOT) a cambio de una tarifa”, afirmó en referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un complejo carcelario con capacidad para 40,000 internos que inauguró hace dos años para presuntos miembros de la MS-13 y Barrio 18, las dos pandillas más poderosas del país.
La cárcel está ubicada en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, lejos de las zonas urbanas y a unas 45 millas de San Salvador, la capital. Allí los presos no tienen contacto con el exterior y sólo salen de sus celdas para las audiencias con los tribunales de justicia, que se harán por video conferencia desde un salón de lugar.
Aunque, Bukele y diversos funcionarios del Gobierno suelen promocionar esa cárcel en videos, entrevistas y transmisiones en redes sociales, activistas y defensores de Derechos Humanos han denunciado la opacidad de las condiciones de reclusión en el CECOT.
“La información y los detalles del funcionamiento de todo el sistema penitenciario en El Salvador no es conocido públicamente. Toda la información se decreta bajo la figura de reserva y lo que se conoce del CECOT únicamente son imágenes propagandísticas difundidas por medios oficiales y también por visitas organizadas por el mismo Gobierno”, explica Medrano.
Sin embargo, el OUDH reseña en su informe de 2023 algunas de las principales fallas detectadas en esas instalaciones penitenciarias. El CECOT no fue diseñado para que “los presos salgan de su celda en ningún momento, a menos de que sean llevados a celdas de castigo o a las salas de audiencia virtual”.
Además, el reporte cita al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, quien ha declarado públicamente que “no se han construido patios, no se han construido áreas de recreación para los reos, ni tan poco se han construido espacios conyugales como se tenían en diferentes centros penales”.
En la actualidad se desconoce la cifra exacta de la cantidad de reclusos que están en el CECOT, pero en agosto del año pasado el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que había 14,500 reos en esa prisión.
Noticias Telemundo contactó a la oficina de prensa de la presidencia de El Salvador para solicitar comentarios sobre la propuesta de Bukele y datos sobre el CECOT y el sistema penitenciario salvadoreño, pero no obtuvo respuesta.
“Según nuestros cálculos, y lo que han dicho los mismos funcionarios, si el CECOT llega a tener 40,000 reclusos, cada preso tendría menos de un metro cuadrado lo que viola los estándares internacionales que exigen al menos cuatro metros cuadrados por persona”, explica Reyna.
Sin embargo, lo más grave para Reyna es la ausencia de programas que ayuden a la reinserción de los reos que cumplen su condena en el CECOT, y que serían las condiciones que experimentarían los presos estadounidenses, si se llega a concretar la propuesta de Bukele.
“Básicamente son celdas enormes donde quieren albergar a 120 personas en su máxima capacidad, pero solo tienen un baño, son literas metálicas si colchonetas, ni nada. Los presos no tienen acceso a espacios para tener cursos, para aprender a rehabilitarse, todo se hace en los pasillos, y así ninguna persona puede recuperarse, están condenados a ser delincuentes”, concluye.
