Por Joshua Goodman y Eric Tucker - The Associated Press
Cuando el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro comparezca por primera vez ante un tribunal de Nueva York el lunes para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos, probablemente seguirá el mismo camino que otro líder autoritario latinoamericano que fue derrocado por las fuerzas estadounidenses: el panameño Manuel Noriega.
Maduro fue capturado el sábado, 36 años después de que Noriega fuera derrocado por las fuerzas estadounidenses. Al igual que en el caso del líder panameño, se espera que los abogados de Maduro impugnen la legalidad de su arresto, argumentando que goza de inmunidad procesal como jefe soberano de un Estado extranjero, un principio fundamental del derecho internacional y estadounidense.
Es un argumento que difícilmente prosperará y que, según expertos legales, ya quedó en gran medida resuelto como cuestión de derecho en el juicio de Noriega.
Aunque la orden de Trump de llevar a cabo la operación en Venezuela plantea objeciones constitucionales —porque no fue autorizada por el Congreso—, ahora que Maduro se encuentra en Estados Unidos, es probable que los tribunales avalen su enjuiciamiento ya que, al igual que ocurrió con Noriega, Estados Unidos no lo reconoce como el líder legítimo de Venezuela.
“No podemos reclamar inmunidad soberana si no lo reconocemos como jefe de Estado”, declaró Dick Gregorie, fiscal federal retirado que acusó a Noriega y posteriormente investigó la corrupción dentro del Gobierno de Maduro.
Varios Gobiernos estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, han calificado su elección de fraudulenta y le han negado el reconocimiento de Estados Unidos. Lamentablemente, para Maduro, esto significa que tendrá que seguir en prisión.
Noriega falleció en 2017 tras casi tres décadas en prisión, primero en Estados Unidos, luego en Francia y finalmente en Panamá. En su primer juicio, sus abogados argumentaron que su arresto como resultado de una invasión estadounidense fue tan impactante que convirtió el caso del Gobierno en una violación ilegal de su derecho al debido proceso.
El Departamento de Justicia avala “secuestros forzosos” en el extranjero
Al ordenar la destitución de Noriega, la Casa Blanca se basó en un dictamen legal de 1989 del entonces fiscal general adjunto Bill Barr, emitido seis meses antes de la invasión. Dicho dictamen establecía que la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, establecida en la Carta de las Naciones Unidas, no prohíbe a Estados Unidos llevar a cabo “secuestros forzosos” en el extranjero para hacer cumplir las leyes nacionales.
Decisiones de la Corte Suprema que datan del siglo XIX también han confirmado la jurisdicción de Estados Unidos para procesar a extranjeros, independientemente de si su presencia en Estados Unidos estaba legalmente garantizada.
Es probable que la opinión de Barr también se tenga en cuenta en el procesamiento de Maduro, según expertos.
Trazando paralelismos con el caso Noriega, Barr el domingo descartó las críticas de que Estados Unidos buscaba un cambio de Gobierno en Venezuela en lugar de aplicar las leyes nacionales. Como fiscal general durante la primera Administración Trump, Barr supervisó la acusación formal de Maduro.
“Perseguirlos y desmantelarlos implica inherentemente un cambio de régimen”, declaró Barr en una entrevista con el programa Fox News Sunday. “El objetivo aquí no es solo atrapar a Maduro. Acusamos a un montón de sus lugartenientes. Es limpiar ese lugar de esta organización criminal”.
Diferencias con el caso de Noriega
Existen diferencias entre ambos casos.
Noriega nunca ostentó la presidencia durante sus seis años de Gobierno de facto, dejando a un grupo de títeres para que desempeñaran ese papel. En contraste, Maduro afirma haber ganado un mandato popular en tres ocasiones. Aunque los resultados de su reelección en 2024 son controvertidos, varios Gobiernos, entre ellos China, Rusia y Egipto, reconocieron su victoria.
“Antes de llegar a la conclusión de culpabilidad o inocencia, existen serias dudas sobre si un tribunal estadounidense puede proceder en absoluto”, declaró David Oscar Markus, abogado defensor en Miami que ha llevado varios casos penales de alto perfil, incluyendo algunos relacionados con Venezuela. “Maduro cuenta con una defensa de inmunidad soberana mucho más sólida que la de Noriega, quien no era el presidente de Panamá en ese momento”.
[Esto sabemos de la cárcel donde Maduro y su esposa están presos y de su audiencia en corte]
Para los tribunales estadounidenses, sin embargo, la única opinión que importa es la del Departamento de Estado, que considera a Maduro un fugitivo y lleva meses ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por su arresto.
El primer Gobierno de Trump cerró la embajada de Estados Unidos en Caracas, capital de Venezuela, y rompió relaciones diplomáticas con el Gobierno de Maduro en 2019, después de que este lograra la reelección fácilmente al ilegalizar a la mayoría de los candidatos rivales. Posteriormente, la Administración reconoció al presidente opositor de la Asamblea Nacional como el líder legítimo del país.
El Gobierno de Biden se mantuvo prácticamente fiel a esa política, permitiendo que una junta directiva designada por la oposición dirigiera Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana, incluso mientras Estados Unidos mantenía conversaciones directas con el Gobierno de Maduro destinadas a allanar el camino para unas elecciones libres. “Los tribunales son tan deferentes con el ejecutivo en materia de política exterior que me resulta difícil que el poder judicial se involucre en este tipo de sutilezas”, declaró Clark Neily, vicepresidente sénior de justicia penal del Cato Institute en Washington.
Las sanciones estadounidenses son un obstáculo para la defensa de Maduro
Otro desafío que enfrenta Maduro es contratar a un abogado. Él y su esposa, Cilia Flores, quien también fue capturada, han estado bajo sanciones estadounidenses durante años, lo que prohíbe a cualquier estadounidense recibir dinero de ellos sin obtener primero una licencia del Departamento del Tesoro.
El Gobierno de Caracas, ahora liderado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, puede querer asumir los gastos, pero también tiene restricciones para hacer negocios en Estados Unidos.
Estados Unidos ha acusado a otros líderes extranjeros de corrupción y narcotráfico durante su mandato. Entre los más destacados se encuentra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien fue condenado en 2024 por narcotráfico y tráfico de armas a 45 años de prisión. Trump indultó a Hernández en noviembre, una medida que generó críticas incluso de algunos republicanos, quienes consideraron socavaba la agresiva estrategia antinarcóticos de la Casa Blanca contra Maduro.
[La diáspora venezolana celebra, pero también observa con cautela los próximos pasos en su país]
Estados Unidos solicitó la extradición de Hernández desde Honduras pocas semanas después de que dejara el cargo. Tras el arresto de Noriega, quien había sido agente de la CIA antes de convertirse en un dictador del narcotráfico, el Departamento de Justicia implementó una nueva política que exige al fiscal general firmar personalmente la acusación contra cualquier presidente extranjero en funciones, debido a sus implicaciones para la política exterior estadounidense.
Maduro podría tener un argumento ligeramente más sólido al afirmar que tiene derecho a una inmunidad más limitada para sus actos oficiales, al menos como líder de facto, ya que dicha autoridad no dependería de si es un jefe de Estado reconocido por Estados Unidos.
Pero incluso esa defensa enfrenta desafíos significativos, dijo Curtis Bradley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, quien anteriormente se desempeñó como asesor de derecho internacional en el Departamento de Estado.
El escrito de acusación, revelado el sábado, acusa a Maduro y a otros cinco coacusados, entre ellos Flores y su hijo, un legislador, de facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos mediante la protección de las fuerzas del orden, apoyo logístico y la colaboración con “algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo”.
“El Gobierno argumentará que dirigir una gran operación de narcotráfico… no debería considerarse un acto oficial”, declaró Bradley.