Por Valerie Gonzalez — The Associated Press
Un exagente de la escuela primaria de Uvalde (Texas) que formó parte de la cuestionada respuesta policial a uno de los peores tiroteos de la historia estadounidense está siendo juzgado desde este lunes acusado de no haber protegido del asesino a los niños.
Adrian Gonzales, uno de los primeros agentes en responder al tiroteo de 2022, está acusado de 29 cargos de abandono o puesta en peligro de menores en un inusual proceso judicial contra un policía por no haber hecho más para salvar vidas.
Gonzales se ha declarado no culpale y su abogado ha afirmado que el oficial intentó salvar a los menores, pero investigaciones sobre la respuesta policial apuntan que las autoridades tardaron más de una hora en enfrentarse al asesino cuando se atrincheró en un aula de la escuela.
La selección del jurado comenzó el lunes en una corte de Texas, donde una larga fila de posibles miembros se extendía fuera del edificio antes de que comenzara el proceso.
A los posibles jurados se les entregó una lista de preguntas sobre lo que sabían acerca de la respuesta de las fuerzas del orden y sus impresiones sobre lo sucedido, y se les preguntó si habían contribuido económicamente a ayudar a las víctimas de Uvalde.
El juez, Sid Harle, aseguró a varios cientos de posibles jurados que la corte no busca a personas que no sepan nada sobre el tiroteo sino a quienes puedan ser imparciales a la hora de juzgar la respuesta policial a lo largo de un procedimiento que se espera que pueda extenderse unas dos semanas.
El asesino mató a 19 estudiantes y dos maestros en la escuela primaria Robb. Cerca de 400 agentes estatales, locales y federales acudieron a la escuela, pero transcurrieron 77 minutos desde su llegada hasta que un equipo táctico irrumpió en el aula y mató al asesino. Una investigación posterior reveló que el adolescente estaba obsesionado con la violencia en meses previos al ataque.
Gonzales y el exjefe de policía escolar de Uvalde, Pete Arredondo, fueron de los primeros en llegar al lugar y son los únicos agentes que enfrentan a cargos penales por su actuación. Aún no se ha fijado la fecha del juicio de Arredondo. Los cargos a Gonzales conllevan hasta dos años de prisión si es declarado culpable.
Tanto la policía como el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijeron inicialmente que la rápida actuación de las fuerzas del orden había neutralizado al asesino y salvó vidas.
Pero esa versión se desmoronó rápidamente cuando las familias describieron cómo suplicaron a la policía que entrara en el edificio y cuando se conocieron las llamadas al teléfono 911 de emergencias de estudiantes pidiendo ayuda desesperados.
La Fiscalía alega que Gonzales puso a los menores en “peligro inminente” de sufrir lesiones o la muerte al no enfrentarse al asesino, distraerlo o retrasar sus acciones, y al no seguir su entrenamiento para tiroteos. Se le acusa de no avanzar hacia los disparos a pesar de oírlos y de que le dijeran de dónde provenían.
Investigaciones estatales y federales detectaron numerosos problemas en la formación, la comunicación, el liderazgo y la tecnología de las fuerzas del orden, y cuestionaron por qué los oficiales esperaron tanto tiempo.
Gonzales aseguró a los investigadores, según la revisión estatal, que, una vez que la policía se dio cuenta de que aún había estudiantes en otras aulas, él ayudó a evacuarlos.
Algunos familiares de las víctimas han dicho que debería acusarse a más agentes. “Todos esperaron y permitieron que los menores y los maestros murieran”, dijo Velma Lisa Durán, cuya hermana Irma García fue una de las dos maestras que perdieron la vida.
Es probable que los fiscales se enfrenten a un gran desafío para lograr una condena. Los jurados suelen ser reacios a condenar a policías por inacción, como se vio tras la masacre escolar de Parkland, Florida, en 2018.
El oficial Scot Peterson fue acusado de no enfrentarse al tirador en ese ataque. Fue el primer proceso de este tipo en EE.UU. por un tiroteo escolar. Peterson fue absuelto por un jurado en 2023.
A petición de los abogados de Gonzales, el juicio se trasladó unas 200 millas al sureste de Uvalde, a Corpus Christi. Argumentaron que el imputado no podría recibir un juicio justo en la ciudad donde se produjo el tiroteo, y los fiscales no se opusieron.
En Uvalde, la escuela primaria Robb está cerrada pero sigue en pie, y cerca hay un monumento conmemorativo con 21 cruces y flores. Todavía se pueden ver murales que representan a varias víctimas en las paredes de varios edificios.
Jesse Rizo, cuya sobrina Jackie, de 9 años, fue una de las alumnas asesinadas, dijo que, aunque Corpus Christi se encuentra a tres horas en coche, a la familia le gustaría que alguien asistiera al juicio todos los días. “Es importante que el jurado vea que Jackie tenía una familia grande y fuerte”, afirmó.