Por EFE
Un peruano que, a través de un centro de llamadas en ese país, extorsionó y participó en un fraude de 15 millones de dólares a consumidores hispanos en Estados Unidos, a los que se amenazaba falsamente con arrestos, fue condenado a ocho años de cárcel, informó este viernes la fiscalía federal del sur de Florida.
José Alejandro Zúñiga Cano, de 40 años y originario de Lima, fue condenado a 98 meses de prisión y a pagar 700,000 dólares en restitución a más de 1,100 víctimas del fraude.
En julio, Zúñiga se declaró culpable de ser el dueño de un centro de llamadas en Lima que defraudaba a consumidores de habla hispana, a los que amenazaba con consecuencias legales si no pagaban por material para aprender inglés que nunca solicitaron.
Entre los engaños, Zúñiga y sus cómplices afirmaban falsamente a las víctimas que habían ganado o calificado para recibir productos gratuitos, incluidas tablets y cursos de inglés.
Así defraudaron a más de 30,000 residentes de habla hispana en Estados Unidos, muchos eran inmigrantes recién llegados que habían expresado interés en aprender inglés, indicó la fiscalía.
Zúñiga y sus cómplices se hicieron pasar por abogados, funcionarios judiciales, agentes de policía y representantes de un supuesto “tribunal de delitos menores” para intimidar a las víctimas y obligarlas a enviar los pagos que les exigían. Si no lo hacían, las amenazaron con procedimientos judiciales, arresto y consecuencias migratorias.
“El largo brazo del sistema de justicia estadounidense no tiene límites cuando se trata de llegar a los estafadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables de nuestra nación, entre las que se incluyen los ancianos y los inmigrantes recién llegados”, dijo Markenzy Lapointe, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida.
Lapointe afirmó que no permitirá que “los delincuentes transnacionales utilicen tácticas de miedo e intimidación para robar dinero del público al que servimos”.
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Un total de ocho propietarios-operadores de centros de llamadas peruanos y cuatro propietarios-operadores de centros de distribución que procesaron pagos, distribuyeron productos y facilitaron el fraude en Estados Unidos formaban parte de esta red.
Las víctimas que pagaron la extorsión fueron “revictimizadas” por Zúñiga y sus cómplices con un falso plan de restitución.
Según documentos judiciales, los estafadores realizaron llamadas adicionales a las víctimas que ya habían pagado haciéndose pasar por abogados de un tribunal estadounidense.
Los impostores les dijeron que tenían derecho a pagos de restitución y que recibirían su dinero si contrataban al abogado que supuestamente presentaría el caso en su nombre.