Este 1 de julio, California puso en marcha una serie de nuevas leyes diseñadas para reforzar la seguridad y el bienestar de distintos sectores vulnerables. Desde la protección de clientes en bares nocturnos hasta garantías para trabajadoras domésticas y mayor transparencia en los tribunales de salud mental, el estado está trazando un camino hacia una sociedad más inclusiva y protegida.
En un intento por reducir las agresiones sexuales facilitadas por sustancias ilícitas, los bares y clubes nocturnos de California ahora están legalmente obligados a ofrecer tapas protectoras para vasos a sus clientes.
Estas tapas, que funcionan como barreras físicas para evitar que sustancias sean introducidas en las bebidas sin consentimiento, se suman a la obligación preexistente de contar con kits de prueba de drogas en los establecimientos.
“Si vas a un bar y quieres una tapa para tu bebida, ahora puedes pedirla. Es tu derecho”, indican voceros de organizaciones promotoras de la medida.
La legislación cuenta con el respaldo de la comunidad LGBTQ+, así como de colectivos dedicados a la seguridad en el consumo de alcohol. Estas entidades han denunciado desde hace años el alarmante número de casos en los que personas han sido drogadas con sustancias como GHB o ketamina sin su conocimiento, especialmente en contextos nocturnos.
Además, la nueva ley permitirá a los establecimientos solicitar pruebas de drogas al personal cuando se sospeche que han estado involucrados en actos de este tipo, lo que busca reforzar la confianza y seguridad en estos espacios sociales.
Otro cambio legal que entró en vigor este martes afecta directamente al programa CARE Courts (Tribunales CARE), una iniciativa estatal destinada a brindar apoyo a personas con enfermedades mentales graves.
La nueva legislación establece que el solicitante original de un caso en estos tribunales deberá ser notificado del avance del proceso, incluso si el expediente es desestimado o postergado. La única excepción será si el juez determina que dicha información puede poner en riesgo la salud o el bienestar del individuo involucrado.
Esta actualización fue impulsada por demandas de familiares y organizaciones que buscaban más claridad y seguimiento en los procesos judiciales vinculados con salud mental, especialmente en situaciones donde los pacientes no pueden abogar por sí mismos de manera efectiva.
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